Patricia Guillén

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), consideró que las medidas tomadas por el Consejo Técnico del IMSS sobre la clasificación del Covid-19 como riesgo de trabajo, específicamente en lo respectivo al procedimiento de calificación proactiva, podría generar una carga financiera adicional y sin fundamento suficiente para los patrones.

Lo anterior, porque “la autoridad no cuenta con un procedimiento administrativo para desahogar una inconformidad del patrón respecto a esta calificación, lo que somete a los empresarios a mayor presión en la actual crisis económica que atravesamos a nivel mundial”, señalaron.

Al aportar su punto de vista técnico sobre este tema desde la presidencia del IMCP, Diamantina Perales Flores, exhortó a las autoridades a abrir los canales de comunicación para ofrecer instancias claras y brindar alternativas que permitan a los patrones exponer argumentos de réplica.

De esta forma, “esta medida puede establecer términos más justos para los empleadores, sin afectar el bienestar de los trabajadores; asimismo, evitará controversias jurídicas e incrementos injustificados en el gasto de los patrones”.

Con respecto al Plan Maestro de Operación de la Administración General de Grandes Contribuyentes para 2021 dado a conocer ayer, 22 de febrero, por el SAT, la presidenta del IMCP, indicó que este busca obtener una mayor recaudación a través de mejorar sus procesos de fiscalización y centra sus objetivos en la implementación de métodos ágiles.

Estos, “fueron exitosos en el cobro durante ejercicios anteriores, priorizando los sectores económicos con utilidades durante 2020, asimismo, solicitó que en el ejercicio de las facultades de fiscalización del SAT, al validar la debida procedencia de saldos a favor de IVA e IEPS de contribuyentes, no extender a un plazo mayor a 40 días hábiles, como marca el CFF, la aprobación de dicho saldo a favor, ya que el flujo de efectivo de las empresas es fundamental en la reactivación económica tan necesaria en estos momentos”.

Al abordar las reformas al marco regulatorio del sector energía, los expertos del IMCP hicieron referencia al Acuerdo publicado el 29 de abril del 2020 (042921) dado a conocer por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), donde la Secretaría de Energía (SE) le instruye a modificar el sistema de despacho de energía eléctrica para privilegiar la oferta de las plantas de la CFE, postulado que, de ser aprobado tal cual en ambas Cámaras Legislativas, traería consigo un impacto negativo para inversionistas privados en el sector.

Por lo anterior, el IMCP manifestó que es fundamental promover puntos de encuentro que ayuden a garantizar el abasto, fomentar la competitividad, respetar la legalidad e impulsar el acceso a energías limpias para México.

Sobre el tema de la generación de energía eléctrica, Ernesto O´Farril, presidente de la Comisión de Análisis Económico del Instituto, explicó que la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 1 de febrero del 2021, misma que contiene la propuesta para Reformar la Ley de la Industria Eléctrica, “pone en riesgo 105 proyectos en etapa de autorización, cuya suma asciende a $451 mil 289 mdp y generaría la renegociación o terminación anticipada de contratos de energía existentes, entre otras afectaciones, con lo que se estaría enviando una señal negativa hacia el empresariado nacional, además de estar en riesgo de sumar demandas en paneles de controversias del TMEC”.

Para Rodolfo Servín Gómez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y actual vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente del IMCP, abordó el tema la Revelación de Esquemas Reportables publicada el 2 de febrero de 2021 en Diario Oficial de la Federación a manera de Acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, y señaló que “falta de claridad entre los esquemas generalizados y personalizados, lo que puede derivar en que los contribuyentes hagan reporten de manera equivocada” por lo que hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los términos a fin de evitar el riesgo de sanciones económicas para los contribuyentes.

Para concluir, Sofía Santoscoy Pineda, Analista Bursátil y Económico, presentó los resultados del Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE), correspondiente a enero 2021, en el que destaca la tendencia al alza de la Incertidumbre Jurídica como uno de los factores que afectan la confianza entre quienes desempeñan tareas contables en el sector empresarial y de negocios en México.

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