Patricia Guillén

La reforma al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, propuesta por el Poder Ejecutivo mediante un decreto que entró en vigor el 12 de enero de este año, es pertinente respecto a la necesidad global de facilitar la operación de los centros de producción ante la crisis sanitaria generada por la Covid-19, señaló en su conferencia mensual el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

No obstante, la presidenta del Instituto, CPC y Mtra. Diamantina Perales Flores, resaltó la importancia de brindar mayor certeza a los patrones sobre la manera de calcular el costo que representa la operación de los empleados que laboran a distancia. Lo anterior, dijo, si se toma en cuenta que esta modalidad de trabajo será adoptada de forma permanente por muchas empresas, aun cuando la crisis sanitaria se haya superado, por lo que adquieren relevancia las condiciones especiales en materia de seguridad y salud para el teletrabajo que deben considerar factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos, mismos que serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana, la cual deberá ser publicada a más tardar el 12 de julio de 2022.

Si bien reconoció que existe un avance significativo con las reformas citadas, las cuales contemplan el derecho a la desconexión, salvaguarda de las condiciones de seguridad social, remuneración y capacitación, aún falta claridad para determinar la proporcionalidad en los costos operativos derivados del pago de servicios como telefonía, internet, energía eléctrica, etc.

Por otro lado, los expertos del IMCP indicaron que, en el campo de la economía y las finanzas, serán factores a considerar durante este año las discusiones pendientes sobre la subcontratación y su aplicación en la Ciudad de México, así como la viabilidad del plan de reactivación económica, recientemente presentado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía.

Al respecto, el CPC Juan Carlos Bojorges Pérez, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, hizo referencia a la reforma en materia de subcontratación laboral en la capital del país, contemplada en el Art. 156 Bis, en el que se plantea que quienes contraten o subcontraten personal, deben presentar un Aviso ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno local (SAF) dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato o a su modificación, para no ser sancionados.

Al respecto, refirió que “esta modificación a la ley aplica a partir del 01 de enero del 2021, por lo que, los sujetos obligados a presentar el Aviso, deberán enviarlo vía correo electrónico a la cuenta [email protected], aunque en breve se contará con un aplicativo para cumplir con esta obligación disponible en el Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), ya que, quienes no lo hagan, pueden ser acreedores a una multa que va desde $3,713.00 a $9,413.00 pesos”.

En este evento, el IMCP expresó que el 2021 será de grandes retos en materia económica para México por los efectos de la pandemia y otros factores externos, como es la relación con la nueva administración del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a partir de las políticas que decida impulsar en materia de inversión en infraestructura, pago de impuestos y establecimiento del salario mínimo.

Al exponer su análisis, el Dr. José Manuel Vargas Menchaca, Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del IMCP, quien durante 2020 fuera panelista para atender casos de resolución de controversias sobre el T-MEC, señaló que “el Plan de emergencia de Biden otorga vital importancia a la atención de la pandemia y propone vacunar a 100 millones de ciudadanos durante los primeros 100 días de gestión, pues esto daría viabilidad al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, explicó que, “en términos económicos, si lleva a cabo acciones para fortalecer el consumo interno con sentido nacionalista, esto puede significar una merma en las exportaciones mexicanas con destino a EU, aunque no se puede obviar el hecho de que éstas y otras medidas anunciadas, deben ser sometidas a discusión en el Congreso”.

Finalmente, el Lic. Ernesto O´Farril, Presidente de la Comisión de Análisis Económico del Instituto, presentó los resultados del Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE). Entre otros aspectos a destacar, mencionó que, tras mostrar una mejora sostenida durante seis meses consecutivos, en diciembre del 2020 se presentó una leve reducción de –0.06%. “La Covid-19, la inseguridad y la falta de capital se mantienen como los elementos que impactan de manera negativa a los negocios del país, según la encuesta realizada para elaborar este indicador”, concluyó.

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