Eduardo Poot

En México persiste la desaparición forzada, agudizada a partir de 2006 y encubierta por la impunidad que genera una suerte de autorización de esta práctica vinculada a la llamada guerra contra el crimen organizado, aunque con menor cantidad de víctimas, sostuvo la doctora Pilar Calveiro Garrido en los Conversatorios virtuales: La Universidad ante las violencias, organizados por la Casa abierta al tiempo.

Un segundo escalamiento se dio en 2013, como prueban cifras dadas a conocer al término del sexenio pasado, “que revelaron la existencia de 56 mil 453 personas no localizadas, aunque sin proporcionar el estatus de desaparición forzada, una caracterización oscura que tampoco se puede considerar una casualidad”, precisó la académica del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Casi 90 por ciento de esos casos ocurrieron entre 2006 y 2018, la inmensa mayoría –87 por ciento– sin que se conozca el paradero o si fallecieron, lo cual evidencia que las autoridades no cumplen o no realizan las acciones correspondientes.

El Observatorio sobre Desapariciones y diversas investigaciones periodísticas refieren que no se trata de sucesos aislados y que además participan fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales; tampoco se trata –como se ha afirmado– sólo de miembros del crimen organizado, sino de ciudadanos y esto ocurre en distintos estados y municipios, lo que implica que el fenómeno está ligado a las formas del propio orden político y la asociación entre redes criminales y el poder político.

También “tiene que ver con la manera de operar del Estado neoliberal, aparato fragmentado y discontinuo que algunos han llamado capitalismo criminal y con el que actual jefe del Poder Ejecutivo busca romper”, afirmó durante el encuentro organizado por las cinco sedes académicas y la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Si el gobierno logra una nueva forma de organización del poder diferente al neoliberalismo, lo veremos en la desaparición forzada”, pero lo único que se tiene ahora son datos de los primeros 13 meses que no marcan una variación en las cifras previas, aunque debe observarse la distribución territorial, toda vez que 82 por ciento de los casos están concentrados en ocho entidades, de las cuales cuatro son administradas por el Partido Acción Nacional, dos por el Partido Revolucionario Institucional, una por Movimiento Ciudadano y otra por un político independiente, todos ellos fuertemente enfrentados con el gobierno federal.

Por todo esto resulta necesario tratar de comprender el fenómeno a nivel nacional, pero también pensarlo en función de la estructura de poder regional, es decir, en los planos estatal y municipal, vinculándolo con quienes gobiernan.

La académica –quien padeció en Argentina la experiencia de haber estado desaparecida durante año y medio, junto con su cuñada y esposo, este último jamás localizado– citó que en la década de 1970 el Estado mexicano perseguía, torturaba y desaparecía a personas por sus vínculos con la guerrilla, como sucedió con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, con la atención centrada en Guerrero, en específico en la zona de Atoyac.

Aunque no existen bases de datos completas de ese momento, se conoce que entonces hubo mil 200 desapariciones, 82 por ciento sólo en dicha entidad, y que a partir de la segunda mitad del decenio siguiente se dio una transición hacia la desaparición forzada bajo una lógica de violencia asociada al combate al narcotráfico.

La sesión de los Conversatorios fue moderada por las doctoras Ileana Diéguez Caballero y Margarita del Carmen Zárate Vidal, profesoras de los departamentos de Humanidades, de la Unidad Cuajimalpa, y de D Antropología, de la sede en Iztapalapa de esta casa de estudios.

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