Eduardo Poot

Personas que han sufrido en México la desaparición de uno o más miembros de sus familias acusaron a autoridades locales y federales de los dos gobiernos anteriores de indiferencia e incluso de haber obstaculizado las investigaciones para encontrar a las víctimas, al participar en los conversatorios virtuales La universidad ante las violencias, convocados por las unidades académicas y la Dirección de Apoyo a la Investigación de la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo.

Cristina Bautista Salvador, integrante de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa y quien busca a su hijo Benjamín Ascencio Bautista –cuyo paradero se desconoce, junto con el de 42 normalistas más desde septiembre de 2014– narró las peripecias en la búsqueda por distintas dependencias oficiales, entre ellas el batallón 27 del Ejército Mexicano en Iguala, así como en marchas, plantones y movilizaciones para exigir la presentación con vida de los jóvenes.

En el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos “el gobierno cometió un crimen para tapar otro” al señalar como responsable a la delincuencia organizada, cuando hay pruebas de la intervención de la policía y de que las acciones del régimen “fue pura simulación”, pero por fortuna el 6 de septiembre de 2015 los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron con claridad que desde que salieron de su escuela, los jóvenes fueron monitoreados por el C-4 manejado por las fuerzas armadas, por lo que las autoridades supieron cómo los atacaron y se los llevaron.

Irma Leticia Hidalgo, líder de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDENL) y madre de Roy Rivera Hidalgo, quien cursa Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, relató que éste fue secuestrado en 2011 en su propia casa, en San Nicolás de los Garza, por un comando armado que vestían chalecos similares a los de la policía de Escobedo.

La también fundadora de la Plaza de los Desaparecidos de Monterrey –donde se realizan actividades en memoria y por la visibilización de víctimas– dijo haber pagado el rescate por su hijo, pero no ha sido liberado. Hace nueve años, en Nuevo León nadie hablaba de secuestros o desapariciones, aunque sí “sabíamos que había empezado una guerra contra las drogas, pero nunca pensamos que nos fuera a llegar porque no era nuestra”.

Al término del sexenio antepasado parecía que terminaría la estrategia de guerra, “sin embargo fue incrementándose la cantidad de personas violentadas” e incluso muertas o desaparecidas, así que “nosotros seguimos tejiendo vínculos con gente solidaria y empática a la causa, conociendo cada vez a más compañeros y a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, añadió Hidalgo en el encuentro organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A veces “te quieres rendir y dejar todo, al no ver la luz en el horizonte”, porque han sido “pasos muy dolorosos, de muchísimas lágrimas, frustración, enfermedades y pérdida de otros familiares, pero seguimos adelante”, y hasta ahora “hemos logrado encontrar cientos de miles de restos humanos” que continúan en análisis en el Laboratorio de Genética del Servicio Médico Forense.

Mario Vergara busca a su hermano Tomás –visto por última vez en Huitzuco, Guerrero, en 2012– mediante una indagación de campo con el colectivo Los otros desaparecidos de Iguala, creado en noviembre de 2014, a raíz de los sucesos en Ayotzinapa. Procesos de autoformación, talleres y el aprendizaje con otros buscadores lo han convertido en un experto maestro forense, al grado de haber modificado herramientas y su saber es reconocido en distintos colectivos.

El fundador del Comité de Búsqueda de Fosas Clandestinas en Iguala decidió escudriñar por su cuenta en los cerros, hasta que en 2014 tomó contacto con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, “quienes son mis héroes, porque me han inspirado a seguir” en esta misión y que en La Parota, Iguala, hallaron 30 cuerpos en cinco o seis fosas clandestinas, pero se dieron cuenta de que no eran sus hijos.

A ese sitio se trasladaron muchas familias y “escuchamos historias con las que nos identificamos y nos inspiraron sobre el trabajo de campo, aunque nadie nos preparó para el horror; ahí empezó nuestro peregrinar”. A los universitarios “necesitamos comprometerlos para que nos regalen su talento” y contribuyan al esfuerzo por encontrar e identificar restos humanos o, ¿qué van a hacer para cambiar este país y que los próximos años no sean tan violentos?, preguntó Vergara.

Juan Carlos Trujillo Herrera, hijo de María Herrera Magdaleno, de Pajacuarán Michoacán, busca a cuatro hermanos: Raúl y Jesús Salvador, en paradero desconocido desde el 28 de agosto de 2008, y Gustavo y Luis Armando, en igual condición desde el 22 de septiembre de 2010.

El fundador de la Red de Enlaces Nacionales –espacio aglutinador de más de 70 organizaciones y colectivos con esta causa– refirió que “cuando desaparecieron mis primeros dos hermanos muy pronto nos dimos cuenta de las conexiones entre la micro y la macro criminalidad en el estado de Guerrero, puesto que las policías municipal y ministerial, en coordinación con encargados de la zona por parte de un grupo criminal, “levantaron” a siete jóvenes que viajaba en una camioneta en su paso por Atoyac de Álvarez, entre ellos Raúl y Jesús Salvador.

“Aquí nos ha colocado la vida y no terminamos de digerir el proceso de la política de exterminio que vivimos en el país”, expresó Trujillo Herrera.

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