Patricia Guillén

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró positivas algunas propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contenidas en el paquete fiscal 2022, cuyo objetivo es combatir frontal y decididamente la evasión fiscal.

En este caso, de manera general, se inscribe la obligación para que los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por $ 876 millones 171 mil 996.50 pesos, estén obligados a hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Aspecto positivo para incrementar la recaudación del país.

No obstante, desde un punto de vista técnico, estimó el IMCP que hay aspectos a modificarse antes de que sean votados y aprobados por el Poder Legislativo pues, de lo contrario, afectarían gravemente el ejercicio de nuestra actividad profesional.

En este escenario se inscribe la reforma al Artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la Federación, que establece la nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando un contribuyente ha incumplido las disposiciones o cuando éste ha llevado a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal; la omisión en estos casos puede acarrear severas sanciones al auditor, que van desde la suspensión por tres años del registro del contador público, hasta prisión de tres a seis años.

El instituto consideró que, con esta adición, la autoridad no considera que, aún realizada de conformidad con las Normas Internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran no ser detectados.

Asimismo, con dicha reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en Derecho.

De aprobarse en el Poder Legislativo dichas obligaciones, el auditor, es decir, el Contador Público inscrito, perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas.

Sumado a lo anterior, es necesario considerar que el contador público no está calificado como perito en el código aduanero, lo que imposibilita cumplir con la labor de detectar incumplimientos de obligaciones en esta materia.

“Realizar a tiempo los ajustes necesarios evitará afectaciones graves al quehacer profesional de la Contaduría Pública, así como injusticias y distorsiones a su rol estratégico en el crecimiento de las empresas en México”.

En el IMCP consideran que dichas modificaciones no son acordes con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que apelaron a la apertura y sensibilidad de las autoridades para modificar el proyecto de ley presentado el 8 de septiembre.

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