Diego Ríos

Personas que buscan a familiares desaparecidos en México han acudido a penales y centros psiquiátricos, forenses y de tratamiento de adicciones, en sus tareas por indagar el paradero de algún ser querido, encontrando en esos sitios a individuos en tal condición, plantearon participantes en un curso de especialización en la materia coorganizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al referir vacíos legales que obstruyen los procesos de identificación adecuada de víctimas y la integración de expedientes, Fabiola Pensado Barrera, madre de Jisomar –visto por última vez en 2012– recalcó el derecho a participar en forma activa en una función que recae en el gobierno, que debiera facilitar el ingreso a las instalaciones antes mencionadas.

La ley respectiva prioriza el hallazgo con vida de quienes han sido privados de la libertad, por lo que debe actuarse de inmediato, pero las visitas a las instancias de reinserción social son complicadas por los trámites requeridos, al grado de que “en ocasiones hemos llegado al penal y argumentan que no tienen el oficio” correspondiente.

La ubicación geográfica de las prisiones es un elemento a considerar, así como el color de la ropa que se usará; no hay que llevar dinero, pero sí fotografías del familiar con su nombre, porque las cámaras están prohibidas.

En los psiquiátricos las reglas se deben acatar, lo que implica “no invadir los espacios de los pacientes ni alterarlos; el acompañamiento de alguien ayuda a soportar las emociones, pues de esos lugares salimos con el corazón en pedazos”.

Pensado Barrera dijo que en los casos de larga data falta un análisis del contexto para la recopilación y sistematización de la información, con la finalidad de construir hipótesis y no trabajar a ciegas, además de “cotejar los registros de quienes padecen esa situación, con los datos de los hospitalizados”.

Micaela González Heras, miembro del Colectivo Uniendo Corazones de Culiacán, Sinaloa, comentó que los métodos de localización competen a los órdenes municipal y estatal, en tanto que en las visitas a nosocomios y anexos deben respetarse los lineamientos establecidos.

Cuando se recabe información sobre una víctima por parte de un interno, se debe cotejar con la contenida en la cédula de aquélla.

La activista recomendó revisar las carpetas de las personas, con atención especial en las huellas dactilares y señas en el cuerpo. Con gente en situación de calle, así como en iglesias, casas de migrantes y albergues se hace una interacción proactiva.

Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, madre de Fany, indicó que en ocasiones el suceso ocurrió durante un actio delictivo, debido a lo cual “los podemos encontrar en cárceles o psiquiátricos, porque los usan como carne de cañón para cometer ilícitos”.

También se han constatado daños mentales graves, al grado “de que los internos no reconocen a sus parientes y en los servicios forenses existen 38 mil cuerpos sin identificar, pero lamentablemente no existe la capacidad presupuestal” para resolver esto.

En Jalisco han incinerado a miles cadáveres, al igual que en Tamaulipas; en Veracruz almacenan restos humanos en tráilers debido a la falta de protocolos, lo que lleva a que cientos sean enterrados en fosas comunes.

En Coahuila, la ley permite enviarlos a las escuelas de medicina, “lo que representa un grave problema, pues aun cuando entendemos que se debe estudiar existen técnicas de hacerlo sin practicar con un ser humano”.

Ortiz de Sánchez-Viesca enfatizó que las universidades deben contribuir a desarrollar nuevas propuestas de solución para encontrar restos de sujetos que fueron diluidos en ácidos o carbonizados.

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