Patricia Guillén

Esta mañana en conferencia de prensa, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) seguirán jugando un papel fundamental en la nueva realidad del mercado laboral, así como en los procesos educativos en el contexto de la pandemia.

En su intervención, la presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, expresó que, pese a limitantes de distinta índole, “hoy estamos ante un escenario favorable para aprovechar los beneficios del trabajo y educación a distancia”.

En ese sentido, “considerando el andamiaje construido durante la pandemia, se debe evaluar si todo el personal debe regresar a laborar de manera presencial o si hay forma de mantener el trabajo a distancia o implementar un sistema mixto o híbrido, el cual incluso puede ser transitorio, temporal o permanente”, enfatizó.

Laura Grajeda.

Grajeda mencionó que, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 17% de las personas empleadas en el mundo se desempeñan en ocupaciones que permiten el teletrabajo y viven en países que cuentan con la infraestructura requerida, aunado a que muchos países adoptaron medidas para legislar de manera oportuna en materia de teletrabajo, como es el caso de México.

Esto sin soslayar el reto educativo que implica la crisis sanitaria que, en México, según datos del INEGI, afectó a 5.2 millones de personas entre los 3 y 29 años.

Por su parte, Héctor Amaya Estrella, vicepresidente del IMCP, declaró que todas las personas mayores de 18 años “deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes”, y explicó que quienes no generan ninguna ganancia económica ni perciben remuneraciones, su inscripción se realizará bajo el rubro «Inscripción de personas físicas sin actividad económica», por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I, del Código Fiscal de la Federación”.

Héctor Amaya Estrella.

Por otra parte, señaló que están obligadas a darse de alta las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas; las que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban; quienes hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero; así como los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales.

En conclusión, indicó que todas las personas mayores de 18 años, si nunca se han dado de alta ante el RFC, a partir del 1 de enero de 2022, deberán hacerlo para cumplir con la ley y evitar contratiempos, incluyendo amas de casa, personas de la tercera edad y estudiantes que no registren ingresos.

Acotó que el cumplimiento de la norma puede implicar, por ejemplo, acceder a beneficios de programas públicos, en cuyos requisitos figure estar inscritos en el RFC.

En su turno, Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de Fiscal, se refirió a los aspectos clave de la reforma fiscal para el año 2022. Entre éstos, las facilidades y obligaciones del Régimen Simplificado de Confianza para las personas físicas que cuenta con una tasa reducida para el pago del Impuesto Sobre la Renta, aunque también considera obligaciones y sanciones (como la expulsión de este esquema tributario, sin la posibilidad de retornar).

Ramiro Ávalos Martínez.

Recordó que el Régimen Simplificado de Confianza aplica para 10.2 millones de personas físicas contribuyentes (82% de ese padrón) y para 2.1 millones de personas morales, por lo que aseguró que “la función del contador público es esencial para asesorarlos, con el propósito de que apliquen en toda su extensión los beneficios y facilidades de dicho régimen”.

En segundo lugar, se refirió a las deducciones personales de Personas Físicas. En este apartado, destacó que los donativos no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA ($163,557 para 2021) o el 15% del total de los ingresos del contribuyente.

En cuanto a la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para mayores de 18 años a partir de 2022, Ávalos coincidió con Amaya y señaló que se trata de una “norma imperfecta”, puesto que no contempla ninguna sanción para las personas que no la cumplan, sin embargo, recomendó contar con asesoría contable para aprovechar los posibles beneficios de apegarse al marco legal en esta materia.

Al referirse a la deducción de cuentas incobrables en ISR por montos que sean mayores a 30,000 UDIS ($210,133 al 16/11/21), el VP de Fiscal explicó que será necesario agotar las gestiones de cobro que demuestren que fue imposible la cobranza. Esto es una diferencia importante, dijo, ya que hasta 2021 era suficiente con presentar la demanda o iniciar el procedimiento arbitral.

Ernesto O´Farrill Santoscoy.

En cuanto a la reforma en materia de Dictamen de estados financieros con fines fiscales, señaló que la norma aprobada por el Legislativo “es susceptible de mejoras”, por lo que desde el IMCP “continuaremos el diálogo y construcción con los legisladores y las autoridades tributarias para exponer nuestras consideraciones sobre el alcance y responsabilidad del trabajo realizado por los contadores públicos inscritos ante el SAT”, en apego a la normatividad vigente en materia de auditoría a nivel nacional e internacional.

Al presentar los datos más relevantes que componen el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) al mes de octubre, Ernesto O´Farrill Santoscoy, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, indicó que éste redujo de manera considerable el ritmo de recuperación al avanzar 0.11% para situarse en 73.08 puntos desde las 73 unidades del mes anterior, lo que calificó como “suave optimismo”.

Indicó que el subíndice “Situación Futura”, que representa los próximos seis meses, avanzó 2.14% quedando en 79.40 puntos desde los 77.74 puntos de septiembre, registrando así el mejor nivel en los últimos tres años”. O´Farrill Santoscoy expuso que, en octubre, la situación provocada por la pandemia se mantiene en la opinión de los contadores públicos consultados como el principal obstáculo al que se enfrenta la economía, seguido por las condiciones de inseguridad en el país, la disponibilidad de financiamiento y la falta de capital.

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