Patricia Guillén

La diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Magdalena Núñez Monreal, urgió al gobierno de la Ciudad de México y los legisladores locales a hacer una revisión exhaustiva sobre las normas que deben cumplir las ambulancias “patito”, costos y equipo médico-técnico adecuado para prestar este servicio, que debido a la falta de regulación y sanciones han detonado un mercado negro del servicio, pues actuan de manera abusiva e ilegal.

Lo anterior, explicó Magdalena Núñez Monreal, luego de las persistentes denuncias por el cobro excesivo e irregular de los operadores de las ambulancias “patito”.

“Se aprovechan del limitado número de ambulancias que hay en la Ciudad de México y de la emergencia sanitaria por Covid-19, este servicio llega a costar hasta 11 mil pesos. Esto porque en algunos casos, los operadores de las ambulancias tienen convenios con hospitales privados o policías a quienes deben pagar una cuota”, explicó.

La petista abundó que, lo anterior, forma parte de un modus operandi en el que se ven involucradas diversas figuras, desde un policía que da el “pitazo” de algún accidente hasta los directivos de nosocomios privados, con el único fin de obtener dinero, a costa de la salud y vulnerabilidad del pueblo.

“Precio que la sociedad debe pagar debido a que la atención prehospitalaria ya ha sido aplicada en el paciente. O en otros casos, llevan a los pacientes a hospitales privados para que paguen más por su tratamiento”, dijo.

La legisladora insistió en que dicha regulación tiene la finalidad de evitar sobre precios en dicho servicio que ofrecen estas ambulancias que circulan en la capital del país, para que lleven a cabo una operación con calidad y se eviten accidentes de tránsito, además de que manejen precios justos y no se aprovechen de la población”, concluyó.

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