Diego Ríos

Periodistas de 15 medios de comunicación de 13 países del continente americano se unieron para revelar de manera simultánea, información pública sobre la capacidad hospitalaria; nuevos contagios; pacientes recuperados, y todo lo relacionado a la pandemia global del COVID-19 en sus respectivas naciones, y ya coordinados, contrastar la respuesta gubernamental a las necesidades de la ciudadanía. A este ejercicio de periodismo colaborativo lo denominaron Centinela COVID-19.

Con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting se creó el Centinela COVID-19, que está integrado por reporteros del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos) y Quinto Elemento Lab (México).

Entre las revelaciones expuestas por los miembros del Centinela COVID-19 está que los ciudadanos de la mitad de los países de América Latina no saben cuántas pruebas del nuevo coronavirus realizan sus gobiernos día tras día. Tampoco saben cuántas camas de cuidados intensivos existen antes de darse a conocer los registros más altos de pacientes infectados en sus naciones.

De acuerdo con el Centinela COVID-19, hay únicamente dos preguntas que si tienen respuesta y sus datos están universalmente disponibles: ¿Cuántas personas han sido confirmadas como portadores de COVID-19 cada día?, y ¿Cuántas han fallecido?

Ni siquiera la estadística de cuántas personas se han recuperado es pública en todo el continente, subrayan cómo los gobiernos latinoamericanos le apuestan a comunicar un mínimo de datos sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

¿Cuántos latinoamericanos tienen COVID-19?

Los 13 países actualizan todos los días sus cifras públicas de casos confirmados de COVID-19, así como los fallecidos.

Sólo un país, Estados Unidos, no publica los números de personas que se recuperaron de COVID-19, un dato crucial porque permite entender la capacidad y calidad de respuesta de los centros médicos ante la cantidad de personas contagiadas. Brasil solo empezó a publicarlo a partir del pasado 14 de abril.

La mayoría de los países sí hacen público el origen de cada caso, es decir, si son importados, si están relacionados con esos casos importados, o si se trata de transmisión comunitaria, lo que ayuda a los ciudadanos a entender su propagación. Tres países —Ecuador, Brasil y Estados Unidos— no revelan esta información.

Brasil y Perú no publican el rango de edad de sus casos confirmados con COVID-19. “En Brasil, anteriormente el Ministerio de Salud publicaba esporádicamente el rango de edad de los pacientes en estado grave, pero ahora sólo revela las edades de las personas que murieron”.

La mayoría de países hace pública la ubicación geográfica de sus casos por ciudad o municipalidad, otro dato que también ayuda a entender la propagación regional.

No obstante, hay tres países que no los precisan a esa escala. Brasil sólo publica datos por estados, Argentina por provincias. “En el caso de Guatemala, las autoridades dejaron de publicar la información de 22 departamentos y 340 municipios, y la agruparon a agruparla en cinco regiones de manera muy general”, acusa Centinela COVID-19.

El Centinela COVID-19 señala que buena parte de los países de la región le cuentan a sus ciudadanos la atención médica recibe los infectados del COVID-19, inclusive si están en casa, en el hospital o en cuidados intensivos. Dos países -Brasil y Guatemala- no hacen público este dato, que permite entender la gravedad del estado de salud de las personas contagiadas. Argentina informa a diario solo el número de personas en cuidados intensivos.

¿Cuánto nos cuestan las pruebas de COVID-19?

Entre las exigencias más recurrentes de los ciudadanos está el querer saber qué tantas pruebas de detección del COVID-19 se hacen en sus países, “bien sea las pruebas moleculares PCR que ofrecen el mayor nivel de confiabilidad o los test serológicos de diagnóstico rápido que permiten hacer barridos poblacionales más amplios a menor costo”, relata la investigación.

Menos de la mitad de los países de América Latina revelan de manera consistente los números de pruebas de detección que realizan cada día. Esta información se publica en Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia y México.

“En Costa Rica apenas se comenzó a informar el 15 de abril, tras la presión de la prensa y grupos de sociedad civil que exigen cada vez más datos abiertos. Colombia publica un conteo constante de muestras procesadas cada día, pero no se pueden ver tendencias si no sólo por semanas”.

De todos los países, “únicamente Bolivia publica datos sobre el lugar dentro de su territorio donde toma las muestras”. Pocos países están revelando cuántas pruebas hacen diariamente. Solo Bolivia, Paraguay y México lo publican.

¿Qué capacidad tienen los hospitales?

El Centinela COVID-19 reveló que apenas en la mitad de los países consultados “hay información pública sobre el número total de camas en Unidad de Cuidado Intensiva (UCI), otro dato importante dado el riesgo real de que en el pico de la enfermedad lleguen más pacientes que requieren la atención médica más especializada que los que permite atender la infraestructura existente”.

Aunque no todos los pacientes con COVID-19 que son hospitalizados requieren cuidados intensivos, es uno de los datos que permiten entender los pasos que han dado los países para escalar su capacidad de brindar atención médica. Esta información es pública en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. No lo es del todo en México.

Sin embargo, ello no significa que la información sea fácil de analizar. En Perú, los números de camas de UCI -así como de ventiladores- no están publicados en ningún lugar, sino que se conocen porque las autoridades nacionales los han revelado en entrevistas cuando se les ha preguntado. Esas cifras son, en todo caso, nacionales y no hay manera de entender cómo están repartidas por regiones u hospitales.

Pero de todos, solo tres países están contando a sus ciudadanos cuántas de esas camas en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) están disponibles, dado que muchas están ocupadas actualmente por pacientes con otros problemas de salud. Esto ocurre en Paraguay, Perú y Estados Unidos.

En algunos otros países las autoridades han reportado alguna vez el porcentaje de ocupación en una fecha determinada o hay datos para regiones o ciudades específicas, pero no un panorama nacional que se informe periódicamente.

¿Con qué frecuencia reportan las autoridades?

En varios casos, como Perú y Colombia, el presidente hace alocuciones casi diarias por televisión o redes sociales. Tanto en Brasil como en México, las autoridades de salud comparecen diariamente.

“En algunos países, las autoridades locales de departamentos o regiones complementan esa información periódicamente con datos más localizados. En Estados Unidos, esa información de salud pública está bastante descentralizada, siendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, una agencia federal) y las instituciones privadas, como la Universidad John Hopkins, quienes aportan datos más certeros y confiables”.

En Perú, se han reportado desfases entre los sistemas de información en los distintos niveles territoriales, con casos de pacientes con COVID-19 o fallecidos que ya habían sido confirmados oficialmente por las regiones, pero no aparecían en el registro nacional.

En seis países, no hay información de autoridades locales, bien sean regionales o municipales: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay.

¿Se ha limitado el acceso a la información?

“Dos países de América Latina, El Salvador y México, tomaron la decisión más drástica de suspender los términos para solicitud de información hecha en el marco de leyes de acceso de información pública, citando la urgencia de la respuesta a la pandemia.

En México, la Plataforma Nacional de Transparencia suspendió sus términos y plazos para el acceso a la información pública, al tiempo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública hizo lo propio con sus sesiones. Sin embargo, en un boletín publicado hace unos días, el INAI dijo que en breve restablecería sus sesiones de manera virtual, y anunció que los sujetos obligados a pesar de la pandemia tendrían que responder en tiempo y forma a las solicitudes de información, aún estamos pendientes de que eso se haga realidad.

“El gobierno de Brasil también lo intentó, pero se lo impidió la rama judicial. El 23 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro publicó una medida provisional que permitía a las agencias federales extender los plazos de la Ley de Acceso a la Información, en caso de que los funcionarios estuviesen en teletrabajo y sin acceso a la documentación, o que estuviesen involucrados en la respuesta a la pandemia. También preveía que, en caso de no recibir respuesta, un ciudadano podría volver a enviarla solo hasta 10 días después y que, si ésta había sido denegada, no podría apelar. La medida, sin embargo, fue revocada temporalmente días después por un ministro de la Corte Suprema, por lo que no está actualmente en vigor”.

Almenos otros tres países modificaron los términos temporales para solicitudes de información pública, extendiendo los plazos legales o cambiando las condiciones de respuesta. Esto ocurrió en Argentina, Colombia y Perú, significando en los últimos dos que el plazo legal para responder es más largo que la duración de las cuarentenas decretadas por sus gobiernos.

En Perú también se estipuló que las solicitudes de información no digitalizada se verán afectadas por las limitaciones de movilidad de los funcionarios públicos y que algunos organismos incluso podrían suspender los plazos de estos trámites.

En la mayoría de países, los periodistas sienten que las respuestas a solicitudes de información tardan más de lo habitual. En Costa Rica, si bien no ha habido cambios en la jurisprudencia que garantiza el acceso a la información pública, las autoridades están más herméticas a responder consultas de periodistas.

En Bolivia, que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, el Gobierno muestra apertura a atender las solicitudes pero en la práctica son comunes las alusiones a la herencia del gobierno anterior de Evo Morales, a la falta de sistematización de la información o a la inexistencia de los datos.

En todo caso, en los países, consultados está garantizada la circulación de periodistas en medio de medidas de restricción a la movilidad a la población general.

¿Se está restringiendo el trabajo de periodistas?

De acuerdo al Centinela COVID-19 “en general los periodistas de América Latina sienten que sí se ha restringido o limitado el acceso a la información pública desde que estalló la emergencia del COVID-19”.

El caso más extremo es el de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández decretó el estado de emergencia y suspendió varios artículos de la Constitución, incluyendo el que protege el derecho a la libertad de expresión.

“Esa decisión le ocasionó duros cuestionamientos al Gobierno, que reversó la suspensión del artículo de libertad de expresión dos semanas después, a causa de la presión internacional. “Es el tipo de medidas desproporcionada y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el covid-19”, dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

‘No debe abusar de esas medidas para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento cuando los medios desempeñan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura’, dijo el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) global.

Más allá de Honduras, en al menos otros ocho países los periodistas citan una menor disponibilidad de información pública.

“En El Salvador, el gobierno restringe quién tiene acceso a los espacios de información pública y no permite preguntas a medios que considera críticos, entre los cuales está El Faro, integrante de nuestra alianza.

Aunque el gobierno de Nayib Bukele ha sido enfático en que no busca restringir el derecho a la libertad de expresión, en la práctica ha sido la Asamblea Legislativa la que ha logrado salvaguardarlo. Por ejemplo, cuando aprobó el estado de excepción, fue la Asamblea la que incluyó un artículo que establece que el Gobierno no puede limitar la libertad de expresión. Asimismo, cuando aprobó fondos de emergencia a través de préstamos millonarios y autorizó suspender la Ley de Contrataciones para permitir compras rápidas, el legislativo incorporó cláusulas que prohíben la reserva de información.

Aun así, las oficinas de información y respuesta (OIR) que deben velar por el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, no están funcionando y anunciaron que solo admitirían solicitudes de información pública tras finalizar la cuarentena decretada, por lo que en la práctica el Gobierno salvadoreño sí ha conseguido restringir de manera temporal el acceso a la información”.

Las quejas de que la información disponible es limitada son frecuentes, incluyendo que se ha vuelto más difícil obtener datos adicionales a los que ya son públicos y que no hay respuestas a las preguntas hechas a las autoridades.

En Costa Rica, los periodistas envían sus preguntas a un chat de Whatsapp previo a la conferencia de prensa diaria del Gobierno, pero con frecuencia no son leídas y o no reciben respuestas claras.

En Guatemala, el secretario de comunicación de la Presidencia ha bloqueado la participación de los periodistas durante varios días en el chat de información oficial del gobierno para evitar cuestionamientos sobre el manejo de la crisis sanitaria, por lo que se publicó un comunicado firmado por 97 comunicadores.

Aunque los periodistas no sienten que sus gobiernos estén usando esta coyuntura para restringir la libertad de expresión, sí creen que los sistemas de información sobre salud pública no son suficientes para permitir un periodismo riguroso, con base en evidencia y que intente mirar la respuesta al COVID-19 en su complejidad.

“En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno creó un mecanismo de ruedas de prensa virtuales mediante el cual los periodistas enviaban sus preguntas, pero no había claridad sobre cuál era el proceso para seleccionarlas, ni quién lo hacía. Después de una queja pública firmada por varios periodistas ecuatorianos, ahora las ruedas de prensa se hacen por Zoom con posibilidad de preguntas”.

En Perú, “los periodistas piden que se brinde información más segregada por parte del Ministerio de Salud en sus reportes diarios, incluyendo las características demográficas de los casos positivos así como de los fallecidos. Además, piden informar sobre las regiones con el mismo nivel de detalle con el que se informa sobre Lima, tanto los datos de los pacientes como el número de equipos y camas disponibles”.

Con muchos gobiernos optando por informar con el menor nivel de detalles posible, los periodistas sienten que investigar y proveer información de calidad sobre la respuesta al covid-19 se ha vuelto una labor más lenta y difícil, afectando de forma directa a la información que reciben los ciudadanos.

Fuente: Pulitzer Center on Crisis Reporting (María Teresa Ronderos, Rigoberto Carvajal y Andrés Bermúdez) https://pulitzercenter.org/reporting/how-much-vital-information-are-latin-american-governments-sharing-their-citizens-during

@diegorioz

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