Patricia Guillén

El migrante medioambiental es aquel que por razones del ecosistema ineludibles, súbitas o progresivas afecta en forma negativa sus condiciones de vida, viéndose obligado a dejar su hogar habitual, en un desplazamiento que puede ser dentro o fuera del país de origen y temporal o permanente, señaló Jazmín Sánchez Estrada, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Sin embargo, esta definición se ciñe a la discrecionalidad de una política gubernamental, por lo que en este ámbito de decisiones el Estado puede delimitar quiénes caben dentro de esta descripción.

En las Jornadas virtuales sobre derecho ambiental sostuvo que el cambio climático tiene un elemento “que nos obliga a abordar de manera pertinente una solución al tema de la migración por razones medioambientales, ya que su deterioro no sólo obedece a cuestiones de la naturaleza, sino a cambios que el ser humano ha provocado”. 

Uno de los principales grupos que sufre las consecuencias de estos cambios ambientales son las comunidades indígenas, que se dedican a la agricultura y a la protección del medio ambiente, pues es su hábitat.

La propuesta que se ha desarrollado en el derecho internacional tiene que ver con dos figuras que aún no se resuelve cómo aplicar para atender los desplazamientos por razones de daño al entorno, por lo que el debate está en si se tipifican como refugiados o como migrantes ambientales.

Al refugiado le subyace una serie de situaciones inherentes, como el hecho de que huye de su zona habitual de hábitat buscando mejores condiciones, pero derivado de amenazas que pueden ser por parte de su gobierno o provocadas por una inestabilidad política, lo que lo lleva a desplazarse, por ello hay una postura que sostiene que no debe denominársele migrante ambiental.

Sin embargo, la comunidad internacional se inclina más por el reconocimiento del refugiado, porque como reconoce la propia Agencia de la Organización de las naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) esta figura tiene una protección más amplia, que consiste en una serie de derechos a los que el Estado se somete –a veces constitucionalmente, incluso– que comprende un compendio internacional de responsabilidades que les proporciona protección y garantías.

La Organización Internacional para las Migraciones ha definido a los migrantes ambientales como toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de una misma nación o a través de una frontera mundial, de manera temporal o permanente, y por diversas razones del entorno. Sin embargo, esa conceptualización aún no está reconocida en el derecho internacional.

La defensa del medio ambiente de una manera sustentable es un concepto que ha promovido la globalización, pero el entendimiento de sustentabilidad varía de país en país, muchas veces debido a intereses empresariales, advirtió el doctor David Chacón Hernández, investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.

Al exponer La defensa del medio ambiente en la perspectiva de los pueblos indígenas señaló que bajo el concepto de sustentabilidad, las grandes empresas de los países más poderosos llevan a cabo el colonialismo en la materia, al explotar recursos de los menos desarrollados, esto implica acabarse los bienes de los más pobres para que después las corporaciones de las naciones más poderosas los vendan, generando monopolios ambientales verdaderos.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo otorga a los pueblos originarios el derecho de controlar sus territorios y riqueza natural, no obstante, en la mayoría de las naciones el control pertenece al Estado y, en ese sentido, es éste quien tiene la potestad de otorgar las concesiones para la explotación, sólo que ahora se dice que tiene el deber de implementar mecanismos de consulta.

Los recursos que se encuentran en esos lugares siguen siendo saqueados de manera flagrante e ilegal, porque los indígenas son convencidos, con dinero de por medio, para permitir la explotación de sus bienes, sin embargo, siempre existen líderes que se oponen a la extracción indiscriminada y no se dejan comprar, denunció Chacón Hernández.

Muchas minas y proyectos para el establecimiento de presas hidroeléctricas en México se encuentran en espacios indígenas y la opción para abrirse paso a la explotación es intentar comprar las voluntades o reprimirlos a base de amenazas, golpes, desapariciones, cárcel o asesinatos.

La represión que ejerce el Estado se lleva a cabo no sólo a nivel federal, sino en muchas ocasiones en los ámbitos estatal o municipal, corrompidos por las grandes empresas para que les allanen el camino. La mejor forma de defender los recursos es ser parte de ellos, ya que la defensa de la naturaleza no va a encontrar su mejor protección en el modelo económico de explotación intensivo actual, finalizó el doctor Chacón Hernández.

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