Santiago Poot

Mexicali, B.C.- Por hacer énfasis en el rol que desempeñan las plataformas digitales y su relación con la protección de algunas garantías individuales como la libertad de expresión y el acceso a la información contempladas en la normatividad mexicana vigente, la iniciativa para regular la operación de las redes sociales en México presentada en el Senado de la República ha levantado ámpula.

De acuerdo con el senador inicialista, sería necesario reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer límites a los prestadores de servicios de redes sociales, argumentando la existencia de censura discrecional al contenido que circula en las redes, sin que sus causas correspondan a regulación legal alguna; más bien a intereses y políticas internas de las plataformas, y mencionando que el bloqueo de contenidos obstruye el derecho a recibir información y faculta a las plataformas, amparadas en sus términos y condiciones de servicio, para imponer ideas específicas.

“Debemos reflexionar si esta iniciativa verdaderamente protege a los ciudadanos, pues parecería que busca transmitir la percepción de que los usuarios son víctimas y están cautivos a los caprichos de las empresas prestadoras del servicio. La iniciativa no refleja todos los puntos de vista involucrados”, consideró Armando Reyna Ballesteros, docente de la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Añadió que se trata de un tema complejo integrado por múltiples aristas, pues aunque la violencia digital es un problema real, existen otras conductas difíciles de percibir porque se prestan para una doble interpretación, por ejemplo, ¿Dónde termina la libertad individual de expresión?, ¿En qué punto se inicia a afectar a terceros o se viola una ley? y quizá lo más importante, ¿es confiable la intervención del gobierno para llevar a cabo la regulación?

Las redes sociales son espacios libres y abiertos al debate. Las personas intencionalmente pueden tergiversar su uso para su propia conveniencia; incluso los gobiernos y otros personajes de la vida pública, política y de otros sectores, por lo que, aunque la iniciativa parece tener buenas intenciones, éstas no son suficientes, ya que deja huecos para la manipulación y el autoritarismo, analizó el académico.

“La propuesta no es imparcial, parecería que intenta presentar a las redes sociales como sitios ingobernables y sin control, y principalmente, pone de manifiesto que las reglas, códigos de conducta y acciones en consecuencia, deberían consultarse y ser autorizadas por el gobierno. Si habrá de llevarse a cabo una regulación gubernamental, ésta debería tomar en cuenta todos los puntos de vista”.

No todos los problemas y malas prácticas que ocurren en las redes sociales se clasifican bajo la misma perspectiva, ni ameritan las mismas sanciones.

Por ejemplo, ante una difamación o calumnia, no puede actuarse de la misma forma en que se haría frente a una situación de pornografía infantil, por lo que, en caso de avanzar con el tema, todo debe regularse y atenderse dependiendo su naturaleza.

“Parecería que la solución correcta no radica en que el gobierno tome el control de las redes sociales, sino en la diversas de alternativas. Sin dobles intenciones y con un auténtico interés en proteger y garantizar espacios con libertad de opinión. No se debe meter todo a la misma bolsa, deben anteponerse en todo momento los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, equidad, pluralidad, legitimidad, igualdad y no discriminación, sin olvidar que las redes sociales provienen de procesos de creatividad e innovación tecnológica y no tienen cabida los discursos políticos”, concluyó el docente.

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